La senadora Mariela Gutiérrez Escalante generó polémica al reconocer que durante su administración como alcaldesa de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros. La legisladora defendió que las acciones se realizaron conforme a la normativa vigente, argumentando que muchos animales presentaban enfermedades incurables o representaban riesgos para la población.
No obstante, autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México han cuestionado la legalidad de estos procedimientos, señalando posibles irregularidades como la falta de diagnósticos clínicos y personal capacitado.
El caso cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales, lo que provocó reacciones de organizaciones defensoras de animales y usuarios que exigen transparencia.
La situación ha reavivado el debate sobre las políticas públicas para el control de animales en situación de calle y el cumplimiento de normas de bienestar animal, en un tema que mezcla salud pública, ética y responsabilidad gubernamental.
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