La Iglesia Nacional Presbiteriana de México ha levantado la voz contra la actuación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, tras denunciar el retiro injustificado de cámaras de videovigilancia de un predio religioso ocurrido el pasado 30 de mayo. Según el pronunciamiento oficial de la institución, esta intervención se llevó a cabo sin mediar un emplazamiento jurídico ni contar con la orden de un juez, lo que consideran una violación flagrante a sus derechos fundamentales.
El pastor Julián Hernández Moreno, presidente de la Asamblea General, expresó su profunda molestia ante los señalamientos que vincularon los dispositivos con actividades ilícitas mediante un comunicado oficial de seguridad. Ante esta situación, la agrupación ha interpuesto una queja formal ante Alejandro Leal López, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Iglesia subraya que cualquier procedimiento de esta índole debe estar estrictamente apegado a un mandato judicial y exige una disculpa pública para restaurar el daño causado a su reputación. Con este acto de defensa legal, la organización busca sentar un precedente contra los operativos que carecen de sustento legal en la entidad.
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