El pánico se apoderó de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en Tabasco, obligando a una suspensión inmediata de todas sus actividades jurisdiccionales. El Magistrado Presidente de la sede, Rosendo Gómez Silván, tomó la determinación de desalojar el edificio y congelar los términos y plazos procesales previstos por la ley con el único fin de salvaguardar la integridad del personal, litigantes y público en general, luego de detectarse la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados en los pasillos.
Lo verdaderamente escandaloso del caso es que el propio Gómez Silván señaló formal y directamente en un aviso oficial al Magistrado Ricardo León Caraveo, titular de la Segunda Ponencia, de haber concedido el acceso y la autorización para que dichos sujetos civiles permanecieran armados en el recinto oficial. Debido al total desconocimiento sobre la identidad de los individuos, sus funciones o la corporación a la que pertenecían, se procedió al levantamiento de un acta administrativa de hechos, abriendo una severa grieta institucional.
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