En el centro de la polémica política, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Rigoberto de la O Gallegos, rompió el silencio para rechazar rotundamente las acusaciones de haber sido impuesto en el cargo por el gobierno del Estado. Al respecto, afirmó que respeta la impugnación interpuesta por Movimiento Ciudadano en contra de su nombramiento, pero defendió la legalidad de su trayectoria.
De la O Gallegos aseguró que nunca ha recibido ningún tipo de sanción administrativa, ni por las irregularidades vinculadas al edificio del órgano electoral ni por su desempeño previo al frente de la dirección de organización. Asimismo, justificó el cobro de su liquidación superior a un millón de pesos, argumentando que no se trató de una solicitud personal, sino del cálculo estricto correspondiente a sus años de labor institucional. Finalmente, desmintió tener lazos de cercanía o vínculos con el titular del IAP, Juan Molina, buscando disipar los cuestionamientos sobre su llegada al puesto directivo.
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