Municipio autoriza cambio de uso de suelo en 29,635 m², zona con 100% riesgo de inundación.
El Ayuntamiento de Centro, presidido por Yolanda Osuna Huerta, aprobó el pasado 28 de agosto de 2025 un polémico cambio de uso de suelo en una zona catalogada como Área de Valor Ambiental (AVA) para permitir actividades comerciales. Dos predios ubicados en el circuito interior Carlos Pellicer Cámara, colonia José María Pino Suárez en Villahermosa, con una superficie total de 29,635.46 metros cuadrados, pasarán de ser espacios protegidos para convertirse en un área para la construcción de tienda y almacén departamental de materiales y accesorios para construcción, hogar y decoración. Esta autorización genera preocupación ambiental debido a los riesgos que implica para el ecosistema, y evidencia la corrupción que prevalece en el gobierno municipal.
Las Áreas de Valor Ambiental, como los predios en cuestión, son consideradas por especialistas como zonas con características biofísicas y escénicas cruciales que mantienen servicios ambientales importantes para la ciudad, a pesar de haber sido modificadas por actividades humanas. Estos espacios verdes captan y almacenan agua de lluvia, regulan el clima local y sostienen la biodiversidad urbana. Sin embargo, el Ayuntamiento de Centro decidió pasar por alto estas funciones vitales al aprobar el cambio de uso de suelo con fines comerciales.
El cambio fue solicitado por una entidad bancaria interesada en desarrollar un centro comercial de materiales para construcción, hogar y decoración. Si bien el propio personal del Ayuntamiento en agosto de 2024 reconoció que el uso solicitado es incompatible con el área ambiental, y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas advirtió que ambos predios están ubicados en un humedal (No. 5, 736, clase Palustre, cuenca No. 11 Frontera Sur) y en una zona de 100% riesgo de inundación, el Cabildo municipal ignoró estas observaciones técnicas y otorgó la autorización a finales de agosto de 2025.
Esta decisión pone en peligro la función natural del humedal, un ecosistema fundamental para captar y almacenar agua de lluvia que es vital para la ciudad de Villahermosa. Al ser una zona baja, con altitud entre 4 y 5 metros sobre el nivel del mar, es probable que los constructores rellenen el terreno para edificar el centro comercial, lo que puede agravar problemas ambientales, aumentar el riesgo de inundaciones y alterar el equilibrio ecológico de la región.
A pesar de las evidentes contradicciones y riesgos, el Ayuntamiento se ha limitado a señalar en el documento oficial que la empresa constructora deberá “atender y solventar en su momento la problemática social que se pudiera generar”. Esta respuesta es insuficiente y revela la actitud complaciente y negligente del gobierno municipal encabezado por Yolanda Osuna Huerta ante preocupaciones ambientales y sociales.
Esta autorización refleja un patrón de corrupción e impunidad en el municipio de Centro, donde intereses económicos y políticos prevalecen sobre la protección del medio ambiente. La falta de transparencia en el proceso, el desdén por las recomendaciones técnicas y la complicidad con desarrolladores privados evidencian un manejo irregular que pone en riesgo no solo el entorno natural, sino también la calidad de vida de los habitantes de Villahermosa.
El caso expone la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia ambiental, participación ciudadana y rendición de cuentas en Centro, para evitar que decisiones como la aprobada en agosto perpetúen el saqueo y destrucción de los recursos naturales. En lugar de fomentar un desarrollo sostenible, el gobierno de Osuna Huerta opta por aprobar proyectos que deterioran la ciudad y sacrifican ecosistemas esenciales por ganancias económicas inmediatas.
En conclusión, la decisión del Ayuntamiento de Centro de cambiar el uso de suelo de una Área de Valor Ambiental a comercial para construir un centro de materiales y accesorios representa un grave riesgo ambiental y social, y evidencia la corrupción que impera en la administración de Yolanda Osuna Huerta. La ciudadanía y organismos ambientalistas deben exigir mayor transparencia y responsabilidad para proteger los ecosistemas urbanos y garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible en la región.
