La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva a la megagranja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Yucatán, tras años de denuncias y protestas de la comunidad maya. La empresa fue sancionada por descargar aguas residuales sin permiso, no dar manejo adecuado a lodos y quemar estiércol, prácticas que afectaron la salud de los habitantes y contaminaron el entorno. En 2023, los pobladores denunciaron enfermedades por la quema de estiércol, lo que intensificó la lucha social. A pesar de represalias legales contra líderes comunitarios, las comunidades se ampararon con apoyo del IFDP. Ahora, la empresa deberá reparar daños ambientales y desmantelar sus instalaciones. La procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó la persistencia de los pobladores y reafirmó el compromiso de la Profepa con la justicia ambiental y el derecho a un medio ambiente sano.
