La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que las ministras y ministros no harán uso de las nuevas camionetas blindadas adquiridas recientemente y que solicitarán su devolución o, en su caso, su reasignación a jueces que enfrenten mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad vigente. La determinación fue dada a conocer el 25 de enero a través de la cuenta oficial del máximo tribunal, tras la polémica generada por la compra de nueve vehículos con un costo superior al millón de pesos por unidad.
De acuerdo con la SCJN, la renovación del parque vehicular se realizó con base en una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución de unidades cada cuatro años o antes si presentan condiciones inseguras. El organismo aclaró que evaluaciones técnicas determinaron que los vehículos anteriores no cumplían con los estándares de seguridad necesarios.
Asimismo, la Corte subrayó que el número de unidades dadas de baja fue mayor al de las adquiridas, evitando un incremento en el gasto patrimonial. La decisión busca reforzar la transparencia, la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos.
