La libertad de expresión en tierras mexicanas atraviesa su capítulo más oscuro y tenebroso, luego de que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) pegara el grito en el cielo tras contabilizar siete cobardes asesinatos de periodistas en lo que va de este 2026. La cifra, digna de una auténtica película de terror, rompe récords negativos no vistos en tres lustros, evidenciando que los flamantes protocolos gubernamentales de protección y las promesas de seguridad sirven pura y absolutamente para nada cuando se trata de blindar la vida de quienes se atreven a alzar la voz contra el poder y la maña.
El reciente y cobarde crimen del comunicador Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca vino a sepultar cualquier pretexto oficial, sacando a la luz que varias de las víctimas ya habían denunciado amenazas de muerte sin que ninguna autoridad moviera un solo dedo para salvarles el pellejo. Mientras la impunidad campa a sus anchas convirtiendo al país en el cementerio más peligroso del continente para ejercer el periodismo, las organizaciones exigen un manotazo firme en la mesa y un plan de emergencia real antes de que se queden sin voces críticas que apañen las injusticias de los poderosos.
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