La crisis financiera que golpea al sector agropecuario tabasqueño dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara el aseguramiento oficial de las oficinas de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, tras un cateo realizado derivado de las múltiples denuncias por fraude y quebranto patrimonial.
La intervención ministerial responde a las exigencias de decenas de ahorradores afectados cuyas pérdidas económicas continúan en la incertidumbre. Si bien las cifras oficiales sitúan el adeudo en 286 millones de pesos, representantes de los afectados advierten que el monto total defraudado podría escalar hasta los 350 millones de pesos. Sobre este delicado asunto, el gobernador Javier May Rodríguez ha reiterado en diversas ocasiones su postura de mantener una estrecha vigilancia sobre el expediente judicial, exigiendo que se castigue a los responsables y se garantice la restitución del dinero a los ahorradores que confiaron su patrimonio en la institución.
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