Mientras el gobierno estatal promueve una política de austeridad republicana, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) la realidad es otra. Las declaraciones patrimoniales de 2025 dejan al descubierto que los siete consejeros electorales perciben sueldos que humillan el ingreso del gobernador Javier May. Casos como el de Vladimir Hernández y María Elvia Magaña, quienes superaron los dos millones de pesos anuales, confirman que los altos mandos del instituto han hecho oídos sordos a los lineamientos vigentes.
El problema no termina en los salarios. Documentos de la cuenta pública 2024 destaparon prácticas sumamente cuestionables, como la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a los aguinaldos y la persistencia de bonos electorales por actividades que, por contrato, ya deberían estar cubiertas por su sueldo base. Esta disparidad salarial y los beneficios extraoficiales han generado una ola de indignación, pues mientras se exige apretarse el cinturón a otros sectores, la burocracia dorada del órgano electoral parece blindada contra cualquier recorte, priorizando sus privilegios sobre la legalidad y la transparencia que deberían representar. www.tabascoaldia.info
