Un intenso operativo encabezado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la Villa Luis Gil Pérez resultó en el aseguramiento de ocho motocarros, lo que detonó una confrontación entre autoridades y trabajadores del transporte. Jesús Manuel Hernández García, líder de los afectados, denunció presuntos abusos de autoridad, actos de amedrentamiento y agresiones físicas contra los conductores, argumentando que estos vehículos representan el único sustento económico para sus familias y personas a su cargo. Los afectados señalan que han solicitado formalmente una prórroga de tres años para completar sus procesos de regularización.
En contraste, la Semovi justificó la intervención señalando que dichas unidades operan totalmente fuera de la ley, al no estar contempladas en la normativa vigente para el estado de Tabasco y carecer de los estándares mínimos de seguridad necesarios para trasladar pasajeros. La dependencia enfatizó que estas acciones responden a denuncias ciudadanas y a la presión de transportistas que sí operan legalmente. El conflicto subraya la creciente tensión entre la necesidad de modernizar el transporte público y la realidad económica de quienes dependen de estos servicios irregulares para sobrevivir.
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